Fórum Justiça

Mariposas Amarillas: Diálogos Latinoamericanos Sobre Guerra y Paz en Colombia[1]

El Colectivo Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro es un movimiento ciudadano que surge en el mes de septiembre del año 2016, motivado por la coyuntura política actual colombiana. Representa una red de trabajo compuesta por inmigrantes colombianos e colombianas independientes y algunos colectivos, interesados en apoyar y acompañar desde el exterior, la refrendación e implementación del Acuerdo celebrado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, visibilizando los esfuerzos de construcción de la paz de las organizaciones y movimientos sociales de Colombia.

Víctimas del conflicto armado, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, universidades, organismos multilaterales y un grupo de países que garantizarán la implementación, han acompañado permanentemente este nuevo proceso de negociación, iniciado en el año 2012.

El anuncio de un acuerdo para encontrar una solución pacífica y negociada para poner fin al conflicto armado interno con más de 50 años de duración, fue realizado el día 24 de agosto del año 2016 en la Habana (Cuba). Conflicto que ha dejado más 260 mil muertos, 7 millones de personas desplazadas de sus tierras, junto a millares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros. La firma del acuerdo fue posteriormente formalizada en la ciudad de Cartagena de Indias mediante un acto protocolario el día 26 de septiembre.

Como se había previsto, el acuerdo debía surtir un proceso de refrendación y someterse a aprobación popular, así se hizo uso del mecanismo de participación ciudadana denominado Plebiscito el día 2 de octubre. En el contexto descrito, el Colectivo se unió a las diferentes iniciativas ciudadanas que surgieron en Colombia y en el exterior para apoyar la campaña por el «SI» al Acuerdo de Paz. Sin embargo, de forma  inesperada la sociedad colombiana, por una estrecha minoría, decidió rechazar el acuerdo presentado, disposición que generó una profunda incerteza para el futuro del proceso.

Con el interés de mantener los avances realizados entre las partes, fue generada una nueva negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP limitada a las  críticas de los grupos de oposición al Acuerdo. Finalmente, fue firmado un Nuevo Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, el cual fue refrendado porel Congreso  de la República,una semana después.

Con estos antecedentes, el colectivo Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro y el Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS) convocaron a una jornada de diálogo e reflexión sobre el tema. El evento respondió al interés de diferentes centros académicos, movimientos sociales en conocer y acompañar la coyuntura colombiana, el acuerdo de paz, el plebiscito y los desafíos de la implementación. El encuentro procuró aportar un estímulo para el análisisy la compresión de la situación colombiana como parte de una coyuntura regional que nos convoca a pensar procesos y desafíos en común.

Con ese interés, el evento“Mariposas Amarillas: Diálogos Latinoamericanos Sobre Guerra y Paz en Colombia”, realizado el día 17 de noviembre, en la UERJ, fue organizado en dos mesas de debate, cuyo relato se presenta a continuación:

Mesa 1: Conflicto armado y el proceso de paz en Colombia

La primera mesa fue mediada por Diogo Justino (IPDMS) y trató específicamente sobre las causas del conflicto, temáticas específicas del contexto local colombiano, como la cuestión agraria, el medio ambiente, las víctimas, género, justicia transicional, políticas de drogas y las subjetividades políticas en el ámbito de la aprobación y refrendación del acuerdo de paz, con presentaciones de investigadoras(es)colombianas(os)– varios de ellos, también integrantes del Colectivo Colombianxs por la Paz – RJ.

La primera exposición, construida colectivamente y presentada por Ricardo Plazas Neisa[2], fue un relato del contexto general del conflicto armado colombiano, con énfasis en sus raíces históricas. Se destacó: el año 1948 como inicio de las disputas políticas, caracterizado por el período de violencia sociopolítica generada después del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán; el posterior pacto político entre elites, o sea, entre el partido Liberal y el partido Conservador que excluyó las participación de otros grupos e intereses; la constante represión política y el desplazamiento de los campesinos de sus tierras. Además, narró que el conflicto se fue intensificando con el surgimiento de nuevos actores y fenómenos, como el paramilitarismo y el narcotráfico. Esta exposición introductoria siguió como referencia los documentos que forman parte del trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, constituida en 2014, específicamente la relatoría elaborada por Víctor Manuel Moncayo, titulada “Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente”.

Juanita Cuéllar (CPDA/UFRRJ) y Violeta Aguilar (IESP/UERJ) hicieron una reflexión sobre la lucha histórica por la tierra en Colombia, enfatizando el alto nivel de concentración de la propiedad de la tierra (con índices similares a los del Brasil), igualmente hablaron de los desafíos para la solución del conflicto armado, específicamente con relación al acceso a la tierra por parte de los campesinos. Se resaltó que, de forma paralela a las negociaciones de paz, en lo que refiere al tema rural, la agroindustria está avanzando y produce una tensión permanente entre la economía campesina y los latifundios, así como entre la pequeña y la gran propiedad.

Posteriormente, se trataron los desafíos ambientales en la construcción de la  paz, por María Nur Bonilla Murcia, directora de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, cuya participación fue facilitada por el GEASur/UNIRIO, ella destacó la ausencia del tema en el acuerdo de paz y los posibles impactos de él en las cuestiones ambientales. La expositora recordó que la paz no se puede construir sobre la destrucción del patrimonio natural, así la paz será viable solo con justicia social y con justicia ambiental.

Una tercera exposición fue desarrollada por Catalina León (PPGSD/UFF), quien se refirió a la participación de las mujeres víctimas en las negociaciones de paz, las cuales han sido afectadas de diferentes maneras en los contextos dominados por la lógica de las armas y de la violencia: desplazamientos forzados, amenazas, violencia sexual, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños y niñas por grupos armados, etc. Los grupos de mujeres en todo el territorio nacional han resistido a la lógica de militarización y se han movilizado en favor de la salida negociada al conflicto. Durante la última década, la violencia sexual como arma de guerra fue visibilizada, fenómeno que permanece con un subregistro y en la impunidad, por eso se ha posicionado en el centro de las reivindicaciones feministas. En ese sentido, diversas ONGs feministas en el país han desarrollado un importante trabajo de litigio estratégico y de construcción de memoria histórica. Se observan grupos de mujeres víctimas que han impulsado procesos propios para dar publicidad a las violencias sufridas, tanto en el sistema judicial como en los espacios de debate público, incluso en los medios de comunicación, reivindicando que quien se debe avergonzar por las violaciones y vulneraciones no son ellas, es la sociedad y el Estado.

La expositora afirmó que surgió una metodología promovida por las propias víctimas, que consiste en la realización de jornadas colectivas de denuncia, dirigidas a hacer más seguro y digno el primer acercamiento con los operadores de la justicia. En esa perspectiva, se puede decir que la violencia sexual – como manifestación de la violencia de género y como delito sin beneficio de amnistía – fue incluido en los diálogos de paz por doble vía: Por las organizaciones feministas que trabajan en el litigio estratégico y que tiene el conocimiento jurídico técnico, y por las víctimas de la violencia sexual que reivindican un conocimiento práctico con fuente primaria en el dolor propio, el propio cuerpo y en el acompañamiento de las otras víctimas. La participación de las mujeres víctimas implica nuevas relaciones entre ellas, las ONGs/expertas feministas y también conlos actores estatales, lo que sin duda tiene un impacto en las negociaciones de paz.

En seguida, Luis Francisco Abreu (PPPS-ESS/UFF) e Daniel Prieto (PPED/UFRJ) realizaron algunas reflexiones sobre la justicia transicional y su relación con los derechos humanos. La justicia transicional es el conjunto de medidas jurídicas y políticas utilizadas en tiempos de guerra para permitir la transición a tiempos de paz, así definir los mecanismos de reparación a las víctimas de violaciones masivas a los derechos, entre otras (sanciones para los combatientes, retorno de la sociedad civil a sus tierras, etc). Ella tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas, generar confianza en el Estado de derecho y promover nuevas relaciones sociales, para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Louis Joinet decía “para pasar página, hay que haberla leído antes”, en el caso colombiano, el reciente acuerdo de paz incluye un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que posiciona alas víctimas en el centro del proceso. Con principios como: el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos, la exigencia de la no impunidad y la responsabilidad, participación de las víctimas en el esclarecimiento (historia y efectos), garantía de protección y seguridad, reconciliación; siempre con un enfoque en los derechos universales DDHH, este sistema establece responsabilidades directas e indirectas de los atores relacionados con las violaciones a los DDHH y al DIH, en la búsqueda de alcanzar el máximo de justicia y reconstrucción de los hechos. El énfasis está en la restructuración, en la seguridad jurídica, en la legitimidad y  en la construcción de paz, más allá de la simple sanción.

Por su parte, el antropólogo Andrés Góngora (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ e CES/Universidad Nacional de Colombia), abordó el tema de las políticas de drogas en Colombia, ofreciendo elementos pertinentes para una mejor comprensión del tratamiento dado al problema de las drogas en el acuerdo de paz: aunque en Colombia una persona puede portar hasta 20 gramos de marihuana y cultivar en su jardín 20 plantas sin ser penalizada, la liberación total de los usos recreativos del cannabis parece estar lejana. Esta realidad es aún más distante para la coca, otra de las plantas tabú según las leyes prohibicionistas[3]. Aunque el consumo ancestral de la hoja de coca está protegido por la ley y aunque sus innumerables propiedades alimenticias, medicinales y estimulantes hayan sido ampliamente comprobadas, la planta no tiene tantos amigos como la marihuana. El nuevo fiscal general ordenó reanudar las fumigaciones con herbicidas altamente tóxicos usados masivamente desde finales de la década de 1990 con la implementación del Plan Colombia y cada vez se restringen más las posibilidades de implementar cultivos para usos industriales y medicinales. Como sugiere Rodrigo Uprimmy: “En el tema de la cocaína Colombia no hará una gran revolución en política de drogas».

La últimas modificaciones hechas al acuerdo paz permiten vislumbrar lo complejo de la “guerra a las drogas”:  en el punto 1 sobre reforma rural integral, se modificó el apartado sobre promoción y protección de las semillas nativas, para que no haya ninguna restricción a la importación y comercio de híbridos y semillas mejoradas, (vale decir, que en Colombia los cultivos in door de marihuana de alta potencia están acabando con las variedades autóctonas de la planta popularizadas en todo el mundo durante los años 70 y que las multinacionales de semillas apoyan a través de ONG transnacionales la causa por la legalización de la marihuana). Entonces, como la red de intercambio ya está abierta, la circulación de semillas será conducida completamente por la “mano invisible del mercado”: los  pequeños cultivadores seguirán comprando cada vez más semillas holandesas y estadounidense y los grandes laboratorios producirán su cannabis medicinal no psicoactiva.

Entre tanto, en el punto 4 del acuerdo, la estrategia para “solucionar el problema de las drogas ilícitas” tiene como principal bandera desvincular “definitivamente” a los cultivadores (principalmente grupos de campesinos pobres, población afrocolombiana e pueblos indígenas) de cualquier relación con plantas con potenciales usos ilícitos. En los acuerdos de paz, se reitera hasta el cansancio, una visión de mundo según la cual las tres plantas prohibidas por las convenciones mundiales de estupefacientes serán erradicadas del territorio colombiano.  Aunque algunos trechos del acuerdo son ambiguos y sujetos a diferentes interpretaciones, el tema de la posible legalización y posterior regulación de las plantas proscritas no hace parte de las soluciones propuestas por la Mesa de la Habana para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia. De hecho, aunque la delegación de las FARC-EP se opuso explícitamente, en el nuevo acuerdo tuvo que ceder y permitir la fumigación de cultivos cuando no sea posible coordinar con los cultivadores estrategias de erradicación manual.

Tampoco es claro cuál será el destino de la política pública para reducir el consumo problemático de drogas. Aunque desde el año 2007 el Ministerio de Salud viene promoviendo una política nacional que entiende el consumo como un tema de salud pública, y esto quedó de cierta manera ratificado en el acuerdo cuando se mencionan términos como “tratamientos basados en la evidencia”, “derechos humanos”, “mitigación y reducción de daños”,  el Acuerdo le otorga a “la familia” y “a las instituciones religiosas” un papel preponderante en la “rehabilitación e inserción social de los consumidores”. Pese a que en el papel la implementación de todas estas políticas debe pasar por el escrutinio público y contar con la participación activa de “las comunidades”, los grandes ausentes en el tratado de paz son los usuarios de drogas. En el acuerdo los usuarios solo aparecen como representaciones, son nombrados, objetivados en conceptos que hablan de sus conductas de riesgo, en formulaciones farmacológicas sobre la «dependencia», pero en sí ellos no están, continúan siendo “población objeto”, siempre “pacientes” y nunca “agentes” pues su ausencia es fundamental para que el prohibicionismo siga existiendo. En este punto, la distancia entre la posición de los movimientos sociales antiprohibicionistas y lo planteado en el acuerdo de paz se hace cada vez más clara: mientras que para los activistas el problema es la “prohibición” pues las plantas interdictas “no son buenas ni malas”, para el gobierno y la guerrilla el problema son las “drogas”, pues bajo su manto “maligno y venenoso” se esconde un enemigo de la paz.

Finalmente, Catalina Tabares Ochoa (IEP/Universidad de Antioquia y IESP/UERJ) abordó el tema de las subjetividades políticas en larefrendación del Acuerdo. Ella propuso abordar a partir de una perspectiva subjetiva, el problema de la cultura política de los colombianos y su incidencia en la refrendación de los acuerdos de paz. En un primer apartado hizo alusión a la mesa de negociación, los acuerdos alcanzados y los retos de la ciudadanía en la refrendación de los acuerdos. En un segundo apartado resaltó la perspectiva teórica de la subjetividad y su pertinencia para el análisis de problemas políticos como el conflicto armado, resaltando dos agentes de la socialización primaria fundamentales para la cultura política: la familia y la escuela, con el fin de mostrar la incidencia de estos agentes en la manera como los colombianos piensan, sienten y actúan frente a la política. Finalmente, se planteó la refrendación de los acuerdos como una acción política que se configura en la subjetividad. El análisis está publicado en la Revista de Trabajo Social Nº 18 y 19 de La Universidad de Antioquia “La subjetividad política de los colombianos en la refrendación de los acuerdos de paz”.

Mesa 2: Análisis regional del proceso de paz: retos y alternativas.
La presentación general de los temas relacionados con el conflicto armado y el acuerdo de paz en Colombia sirvió de referencia para la discusión de la segunda mesa que pretendía fomentar un debate regional sobre el proceso de paz en Colombia, destacando los retos comunes que se proyectan para América Latina y las alternativas de acción de colectivos y movimientos sociales mediante un panel mixto conformado por actores del mundo académico y de los movimientos sociales, facilitado por una conversación dinámica de preguntas de orientación. Participó en el panel; Breno Bringel (IESP / UERJ), Héctor Alimonda (CPDA / UFRRJ), Catalina Revollo (EICOS / UFRJ) Deborah Franco Lerrer (CPDA / UFRRJ), David Gomes (Brigadas Populares) y Celso Sánchez (GEASUR / Unirio). El moderador de la sesión fue Sergio Quintero del Colectivo por la Paz Colombianxs-RJ y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Breno Bringel se refirió a la ola conservadora en América Latina, donde aparece una disputa de territorios por la derecha, en un entorno donde los medios de comunicación tienen un papel clave en la construcción de una hegemonía cultural. Sin embargo, esta ola conservadora debe analizarse con precaución, ya que también se deben entender las características de cada territorio. Por último, se refirió a la necesidad de hacer investigaciones más militantes.

Celso Sánchez, a su vez, se centró en las cuestiones ambientales, haciendo énfasis en la necesidad de una educación ambiental desde el sur, lo que significa pensar esta educación con enfoque territorial. Propuso mover el cuestionamiento de la relación entre la identidad y el territorio, así como entre el medio ambiente y la sociedad. Esto significa pensar en la pedagogía de la resistencia a los conflictos que se producen en los territorios. Mencionó que el derecho a la tierra debe ser entendido como el derecho a existir. Igual, hizo énfasis en la necesidad de hacer investigación militante.

Deborah Franco se refirió a la importancia de la comprensión y el estudio de la historia de México para entender América Latina, porque fue en ese país donde se dio la primera revolución campesina del siglo XX en América Latina. Llamó la atención sobre el hecho de que la región tuvo una modernización dependiente durante el siglo XX, sin resolver la cuestión agraria. Para ella, los levantamientos campesinos en países como Colombia y Perú muestran la aceptación no pasiva de las condiciones sociales y agrarias impuestas. Por último, se refirió a un fenómeno común en los países de América Latina, relacionado con el ascenso al poder de las iglesias evangélicas, un problema que necesita ser estudiado porque las iglesias dialogan con la vida diaria de las personas, en un momento en que el tejido comunitario está debilitado debido a la migración a las ciudades y la pobreza.

Por otro lado, David Gomes del movimiento de brigadas populares, reflexionó sobre la necesidad de comprender los vínculos entre los países de América Latina y políticas tales como la Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, que nace de la experiencia de Medellín-Colombia. La UPP debe entenderse como parte de un proyecto político para el control de los territorios que mediante violación sistemática de los derechos humanos se escuda en el control del orden público, afectando seriamente comunidades y sus moradores.

Héctor Alimonda se refirió a la importancia de comprender el caso de Colombia como vanguardia experimental, debido a la movilización social por la paz. Se refirió también a la ola conservadora en la región, recordando la frase del expresidente chileno Ricardo Lagos «somos todos los mexicanos». Esta frase se vuelve importante en este contexto, con Trump en los Estados Unidos, lo que traerá cambios en la relación entre Estados Unidos y América Latina. En este contexto, es fundamental valorizar los movimientos por la identidad.

Por último, Catalina Revollo llamó la atención sobre la migración que tiene lugar tanto dentro de Colombia como en la región de América Latina, que presenta unas características particulares dentro del mosaico de la crisis migratoria global, con varios nudos, de los cuales el caso colombiano se destaca, por su magnitud temporal y poblacional. El desplazamiento es considerado el movimiento forzado de una persona o grupo de personas (desplazados internos y los refugiados). Las cifras globales de nuevos desplazamiento por causa de conflictos y violencia en 2015 fue de 8,6 millones de personas y los nuevos desplazamientos por desastres naturales para el mismo año fue 19.2 millones de personas. El número de los desplazados internos de 1998 a 2015 es de  41 millones de personas, siendo dos veces el número de los refugiados del mundo, y llegando a ser la tasa más elevada desde 1998.

Colombia es el país con mayor número de personas desplazadas del hemisferio occidental, el desplazamiento interno como un fenómeno crónico que se pasa generación tras generación, exige una solución duradera del conflicto armado en Colombia, así la construcción de la paz con justicia social dependerá de la capacidad del Estado Colombiano en reparar e integrar a los 7 millones de desplazados internos y que la región pueda reasentar a los casi 400.000 refugiados y a las 391.000 personas solicitantes de asiloque se encuentran en situaciones similares al refugio.  A pesar de los diálogos en la Habana y del acuerdo de paz: 224 mil personas registraron nuevos desplazamientos por causa del conflicto armado, por Grupos Armados Organizados (GAO) en 2015.  La expositora afirmó que la desmovilización de la guerrilla, sumada a la histórica ausencia estatal y a la presencia de otros grupos ilegales que han dado paso a nuevas lógicas de control territorial, puede afectar a la población civil y generar más desplazamientos. Siendo necesario un Estado Social de Derecho que asegure desarrollo en las zonas rurales, para cerrar las brechas que hay con las zonas urbanas, porque lograr el fin del conflicto nos concierne a todos. La negociación de paz es solo el primer paso que debe darse para detener el desplazamiento forzado y demás vulneraciones presentadas en el conflicto interno.

Finalmente, agradeciendo la asistencia de todos los asistentes y la colaboración de las entidades académicas y los movimientos sociales presentes, se permitió la participación de los asistentes para generar interlocución entre el auditorio y los expositores.

La jornada de diálogos permitió evidenciar la importancia de generar reflexiones sobre el reto de construir la paz en Colombia, en los diferentes escenarios de debate – académicos y activistas en el país y la región. De hecho, la solidaridad y el apoyo internacional son fundamentales para la materialización del acuerdo de paz. El encuentro también significó una primera y valiosa experiencia de intercambio entre los centros académicos y las organizaciones sociales en Rio de Janeiro, dirigida a la construcción colectiva de reflexiones y de alternativas de acción de cara a varios desafíos comunes que ultrapasan las fronteras entre los países de Latinoamérica.

Una adenda importante: PAZ CON GARANTIAS YA !

Uno de los mayores desafíos que representa la construcción de la paz estable y duradera en Colombia es la situación de violencia y el riesgo de muerte que históricamente ha afectado a los activistas, líderes sociales –campesinos, indígenas, negritudes- sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Situación que sabemos no es ajena a los demás países de continente, particularmente Brasil, cuando la defensa de la justicia social,  justicia ambiental y del buen vivir están en continuo peligro.

Frente al creciente número de  asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, el Colectivo Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro, publicó una nota de repudio y denuncia de las vulneraciones, apoyada por GEASur/UNIRIOy por el Fórum Justiça el día 23 de noviembre del año 2016, la cual pude ser consultada aquí.

Hoy 2017, la situación desafortunadamente no presenta un escenario alentador, en tan sólo 17 días han sido asesinados 14 líderes sociales. Por lo que agradecemos a los lectores, sumarse a las acciones de denuncia y hacer seguimiento a la situación colombiana.

[1] Resumen elaborado por Juanita Cuéllar y  Catalina León, a partir de los textos proporcionados por las(os) expositoras(es) da primera mesa y utilizando las anotaciones registradas por María Camila Pinilla sobre las reflexiones de la segunda mesa.
[2]Participaron em la construcción dessa primeira presentación, Ricardo Plazas Neisa, Sergio Quintero, Alexandra Torres y Marisol Valencia.
[3] Usada como moneda en tiempos coloniales y como medio de endeude durante la chuchería (seringueiros) y luego, perseguida rigurosamente por las autoridades sanitarias de comienzos del siglo XX quienes la concebían como la causante de la “degeneración” y el “atraso” de indígenas y campesinos.