Cartelera | «Malicia Judicial: Propuestas para el sistema de justicia brasileño»
Lea la carta completa:
Señor Ministro José Antônio Dias Toffoli
Presidente del Consejo Nacional de Justicia – CNJ
República Federativa de Brasil
Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, como resultado del seminario “El Malestar Judicial: Propuestas para el Sistema de Justicia Brasilero” (Brasilia-DF, 13 al 15 de septiembre de 2018) y conectados con una parte significativa de la población brasilera, presentamos las siguientes consideraciones.
El déficit democrático del sistema de justicia ha creado gran insatisfacción en la sociedad brasilera. Aunado a su composición poco diversa, la justicia de Brasil se encuentra alejada de los complejos dramas de la población brasilera y poco permeable al cambio. Cuestiones básicas como el derecho a la vivienda y al territorio, el derecho a la protesta, al trabajo y salario dignos, a la educación decente, a la salud y a una vida libre de violencia y discriminación, cuando son tratadas en la jurisprudencia y en la práctica de las Cortes, escapan, en gran medida, de los paradigmas de derechos humanos, transformando el sistema de justicia en obstáculo para la joven democracia brasilera y para el Estado de derecho.
Nuestro sistema de justicia permite prácticas reiteradamente violentas por parte de los agentes públicos en crisis sociales, y, además no garantiza la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. La selectividad de las decisiones judiciales se expresa en mecanismos de exclusión de grupos subordinados a partir de criterios de género y étnico-raciales y de clase, como el reiterado encarcelamiento de la población negra, periférica y mayoritariamente apartada, y reproduce patrones estructurales de discriminación.
La concesión de privilegios para los integrantes de las Carreras de Justicia en disociación con la crisis económica que se evidencia en el país agudiza el proceso histórico de elitización del poder judicial. A los altos salarios de la magistratura se suman los del Ministerio Público, Defensoría Pública y Abogacía General de la Unión. También, la sobredimensión de las estructuras físicas: vehículos, viáticos, viajes en clase ejecutiva y otros beneficios, hacen que el Judiciario Brasilero, además de ser uno de los más costosos del mundo, sea objeto de legítimas y razonables críticas.
El proyecto de sociedad asegurado por la Constitución Federal no está siendo mínimamente llevado a cabo por el sistema de Justicia de Brasil y esto ha profundizado la exclusión social y la violencia. El silencio del Supremo Tribunal Federal frente a la creciente militarización de las instituciones brasileras es un elemento preocupante que sugiere la amenaza a la independencia de los poderes de la República.
En la resistencia democrática, de norte a sur de Brasil, encontramos acciones emblemáticas de transformación social, como proyectos de justicia comunitaria, juristas laicos, consultas populares, tribunales de opinión, asambleas de consenso, agentes comunitarios de justicia, audiencias públicas, entre otras. La participación ciudadana es así resignificada, incorporando características pluriétnicas, raciales, culturales y de género del pueblo brasilero, raramente presentes en el actual sistema de justicia.
Para superar ese déficit democrático es necesario que el Supremo Tribunal Federal y el Consejo Nacional de Justicia recuerden y reafirmen sus responsabilidades constitucionales con la sociedad brasilera y asuman un papel estratégico en la garantía y promoción de los derechos.
En el momento de reflexión sobre “¿Cuál es la justicia que queremos?”, venimos a invitarlos a participar de este diálogo con la sociedad civil organizada, movimientos y colectivos por la construcción de otro sistema de justicia sustancialmente democrático.
Brasilia, 14 de septiembre de 2018.
Firman:
ABJD – Associação Brasileira de Juristas pela Democracia
ABRA – Associação Brasileira de Reforma Agrária
APIP – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
Cabelaço
Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais
CDHS – Centro de Direitos Humanos de Sapopemba
CDVHS – Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa
CEDD/FDRP/USP – Centro de Estudos em Direitos e Desigualdades
CENDHEC – Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
Centro Popular de Direitos Humanos
Cepia – Cidadania, Estudo, Pesquisa e Ação
Coletivo A Cidade que Queremos
Coletivo Catarse
Coletivo de Juristas Negras de Pernambuco
Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular
Comissão Brasileira de Justiça e Paz
Conectas Direitos Humanos
CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
Consórcio Lei Maria da Penha
CPP – Conselho Pastoral dos Pescadores
FIAN Brasil
Fórum Cearense de Mulheres
Fórum Justiça
Geledés – Instituto da Mulher Negra
Grunec – Grupo de Valorização Negra do Cariri
Inegra – Instituto Negra do Ceará
INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
Instituto Joaquín Herrera Flores
Instituto Pró-Bono
Instituto Terramar
IPDMS – Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais
JusDH – Articulação Justiça e Direitos Humanos
Justiça Global
LADIH – Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
MLB – Movimento de Luta nos Bairros,Vilas e Favelas
MLC – Movimento Luta de Classes
Movimento de Mulheres Olga Benário
MIQCB – Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu
MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Plataforma dos Movimentos Sociais para a Reforma Política
Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública da Bahia
Ouvidoria-Geral Externa da Defensoria Pública do Ceará
Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
PJMP – Pastoral da Juventude do Meio Popular
Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco
Rede de Mulheres Negras/Pernambuco
Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares
Terra de Direitos
Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos
Uiala Mukaji – Sociedade de Mulheres Negras
UP – Unidade Popular pelo Socialismo
Vigência