Fórum Justiça

Entre el 5 y el 12 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Brasil, con el objetivo de conocer la situación de derechos humanos en el país. El informe preliminar alerta sobre la situación de derechos humanos y llama la atención sobre la necesidad de adoptar medidas de protección.

Esta es la segunda visita que realiza la CIDH a Brasil. Su primera visita fue realizada en 1995. La Comisión se reunió con autoridades públicas, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y agencias internacionales. De igual forma, se visitaron varias ciudades e instituciones a nivel local.

El informe presentado, de carácter preliminar, señala con preocupación la reducción y debilitamiento de políticas, leyes e instituciones responsables por garantizar los derechos humanos en el país. Resultan especialmente preocupantes los anuncios relacionados con proyectos de ley e iniciativas públicas que pueden debilitar los logros alcanzados y las instituciones que son fundamentales para la protección de los derechos humanos. La progresiva reducción de recursos para garantizar los derechos sociales es otro de los temas sobre los que la CIDH llama la atención.

El informe señala la discriminación histórica y la concentración de riqueza, que ha dado como resultado la exclusión de ciertos grupos de la población como personas afrodescendientes, pueblos indígenas, trabajadores rurales, entre otros, los cuales han permanecido en una situación de vulnerabilidad a lo largo de los años. En esta misma línea, señala que la desigual distribución de tierra ha llevado a conflictos y violaciones de derechos humanos de estas poblaciones, las cuales son en muchos casos desalojados y desplazados de sus tierras. Las fuerzas de seguridad del Estado, en lugar de proteger y ayudar en la garantía de sus derechos, han intensificado la represión contra estos grupos. También se recibieron denuncias relacionadas con los daños ambientales irreversibles, resultado de las actividades de minería.

El informe se refiere también al asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes; este caso evidencia la resistencia a la inclusión de personas históricamente marginalizadas en las estructuras de participación política y social. Por lo anterior, la CIDH hizo un llamado para concluir las investigaciones e impedir que este crimen permanezca impune. Además, la Comisión considera necesario que la memoria de la víctima y de su familia sean respetadas, de acuerdo con los valores defendidos por Marielle Franco.

Por otro lado, la CIDH constató que los jóvenes negros constituyen el perfil más frecuente de víctimas de homicidio en el país y son además las principales víctimas de las acciones letales adelantadas por la policía. De igual forma, representan la mayor parte de la población en las cárceles. La tasa de pobreza entre la población negra es el doble que la del resto de la población. Hay, además, una demora en la titulación de territorios colectivos de las comunidades negras y un aumento de la violencia contra esta población.

La pobreza en Brasil afecta a diferentes poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellas personas que no cuentan con su derecho a la vivienda garantizado. Ha habido un preocupante aumento de pobreza y de la pobreza extrema en el país. La situación de exclusión social en que viven los habitantes de calle, y la ausencia de políticas públicas para atender las demandas de esta población, fueron elementos evidenciados en el informe.

Por otra parte, El informe relata la situación en la que se encuentra la población carcelaria. Brasil es el cuarto país del mundo con la mayor población carcelaria. Se observa con preocupación la predominancia de población negra en el sistema penitenciario. Las precarias condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad constituyen un riesgo para su vida y su integridad, pues están sometidas a un tratamiento cruel, deshumano y degradante.

La Comisión encontró que, en términos generales, existe una población más vulnerable y con mayor riesgo en términos del ejercicio de sus derechos, como lo son las poblaciones negras,  mujeres, jóvenes, habitantes de las áreas más pobres, LGBTI, periodistas, trabajadores rurales, indígenas y defensores de derechos humanos. Se evidencia, también un aumento de las restricciones a la libertad de expresión, a la protesta social y  a la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en los últimos años.

Así mismo, llama la atención para las denuncias que se han recibido relacionadas con el aumento de discursos que incitan a la violencia en el espacio público, así como en las redes sociales. La situación es particularmente grave en los casos de mujeres, personas LGBTI, afrodescendientes, así como movimientos sociales que luchan por la tierra, la vivienda y el medio ambiente.

El informe termina con una serie de recomendaciones  para que el Estado brasilero adopte medidas que fortalezcan las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y las políticas públicas en derechos humanos. De igual forma, recomienda fortalecer el programa de protección a los defensores de los derechos humanos, y abstenerse de aprobar legislaciones que reduzcan el goce efectivo de los derechos humanos reconocidos por el Estado brasilero y los tratados internacionales.

Vea el informe completo aquí en español   http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPesp.pdf y en portugués http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/238OPport.pdf