Fórum Justiça

Antecedentes: impulsos y apoyos previos

El GT ILA surge como consecuencia de la consolidación y proyección regional de las temáticas estratégicas que sustentan la actuación del Fórum Justicia (FJ). Sus impulsos y apoyos previos se localizan en los escenarios de discusión regional que llevaron a la instalación del FJ como espacio articulador de actores e iniciativas para la democratización del Sistema de Justicia.

Esos impulsos se remontan a las discusiones sobre gobernanza judicial en dos momentos claves: (i) Encuentro en Santa Cruz de la Sierra (2006) – “Justicia como Servicio Público”, en el marco del programa EUROsociAL Justicia (área temática del proyecto “Programa Regional para la Cohesión Social en Latinoamérica/Comisión Europea”); (ii) Seminario Interamericano sobre Gobierno Judicial realizado en Buenos Aires (2007), a iniciativa del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA y Fundación Carolina – Argentina.

Posteriormente, en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, fueron aprobadas las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008). Este documento, que representa uno de los resultados más relevantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se destaca por su proceso de gestación ampliado, en el que confluyeron los aportes y el trabajo conjunto de diferentes actores e instancias de los sistemas de justicia, con activa participación de las Defensorías Públicas de la Región (más allá de las Cortes Superiores de Justicia de los países iberoamericanos)[1]. Asimismo, representó un hito en el impulso de redes regionales de actores comprometidos con el efectivo acceso a la justicia para personas y grupos históricamente discriminados o en desventaja social.

En los años subsiguientes, el debate regional sobre el Acceso a la Justicia y sobre la Reforma a la Justicia contó con otros momentos de encuentro relevantes: el IV Encuentro Internacional de Redes EUROsociAL (Salvador, Bahia, 2009); el Seminario sobre las 100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad (Asociación Estadual de Defensores Públicos del Estado de Río de Janeiro – ADPERJ, Río de Janeiro, 2009) y el II Encuentro “Análisis de las 100 Reglas de Brasilia por las instituciones del Sistema de Justicia de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad – Homenaje al Catedrático Santos Pastor Prieto (Buenos Aires, 2010). Como fruto de los dos últimos encuentros mencionados, se suscribieron los consensos contenidos en la Carta de Río de 2009 y en los Compromisos de Buenos Aires de 2010.

En ese contexto de debate y consenso regional, se siguió la instalación formal del Fórum Justicia, en reunión general de 2011, como una articulación permanente para la discusión de un modelo de justicia integrador[2] que continúa fortaleciéndose hasta hoy.

Creación del GT ILA en 2013: delineación de objetivos

En 2013, tras la segunda reunión general del Fórum Justicia (22 de marzo) se focalizó el interés por retomar y consolidar el diálogo ibero-latinoamericano sobre la democratización del sistema de justicia y el acceso a la justicia, en asocio con actores de los demás países en la Región. Fue así como el Fórum Justicia conformó el GT ILA, en reunión inaugural realizada el 3 de mayo de 2013, en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)[3].

Tal como quedara consignado en el informe de la reunión inaugural, la creación del GT ILA se inspira en la historia de activismo y de luchas sociales en América Latina y toma como punto de arranque una reflexión orientada por impresiones, análisis y proyectos de mapeo e intervención en la política judicial producida en la Región:

“La herencia neoliberal, que se muestra como telón de fondo de la actuación de los movimientos sociales, define el eje de exclusión de derechos en la Región, en la medida en que el mercado es privilegiado por las políticas de Estado en detrimento del trabajo. En esa coyuntura, la articulación de los agentes del sistema judicial se hace necesaria para enfrentar la dificultad estructural de acceso a la justicia, pese a la tendencia conservadora de la Judicatura”.  

Los objetivos delineados para el funcionamiento del GT ILA fueron:

• Identificar actores sociales, sectores académicos y otros grupos en la Región que estén discutiendo formas de participar en la política institucional de los agentes de la Justicia.
• En asocio o en redes de colaboración con los actores identificados, acompañar, evaluar, revisar e incidir en los programas de acción de las instituciones del sistema de justicia en la Región.
• Profundizar mecanismos de análisis que permitan contrastar la política judicial fomentada por la Cumbre Judicial Iberoamericana y construir estrategias de incidencia en ese campo de articulación.
• Ampliar la densidad democrática para el sector justicia en la Región.
• Identificar y discutir mecanismos innovadores y promisorios existentes en la Región para estimular e incrementar la participación popular en la formulación, monitoreo, evaluación y revisión de las políticas públicas del Sistema de Justicia.

Reflexión y acción para un Sistema de Justicia integrador: hitos de los primeros cinco años y consolidación de ejes estratégicos

Los primeros cinco años de funcionamiento del GT ILA (2013 – 2018) han estado marcados por la consolidación de sus ejes estratégicos y el establecimiento de redes de colaboración con actores de otros países, en espacios impulsados para el diálogo sostenido, la reflexión y la acción hacia un modelo de justicia integrador.

Las reflexiones hilvanadas a lo largo de este período han permitido consolidar y proyectar como ejes estratégicos interrelacionados del GT ILA, los siguientes:

• Reforma a la Justicia.
• Democratización de la Justicia con discusión e implementación de un modelo de justicia integrador.
• Acceso a la Justicia, poblaciones vulnerables e interseccionalidad de identidades y factores de discriminación.
• Mapeo e intervención en la política judicial producida en la Región.
• Interacción entre movimientos sociales, sectores académicos y sector Justicia.

El contenido de estos ejes estratégicos se ha ido dinamizando a través de escenarios de debate impulsados por el FJ – GT ILA. En especial, se destacan el Seminario “Política Judicial Latinoamericana desde una perspectiva de la Defensoría Pública” realizado los días 7 y 8 de mayo de 2015 y el Seminario “Reforma de la Justicia en Brasil: una década de desafíos y conquistas en una perspectiva latinoamericana” realizado los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2015. Ambos seminarios tuvieron lugar en la Facultad de Derecho de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) y contaron con una sucesión cuidadosa de actividades preparatorias iniciadas en junio de 2014. Las actividades preparatorias permitieron reunir redes y personas involucradas en el activismo, el estudio y la investigación relacionados con el sistema de justicia en el eje de la democracia y bajo el paradigma de los derechos humanos, asegurando de ese modo una participación activa y la construcción de propuestas en el marco de los seminarios.

Seminario “Política Judicial Latinoamericana desde una perspectiva de la Defensoría Pública” (7 y 8 de mayo de 2015):

Con este seminario, el FJ – GT ILA buscó ahondar en la reflexión específica con las Defensorías Públicas sobre las estructuras que sustentan los derechos con funcionalidad democrática. El objetivo principal fue promover el debate y la formulación de propuestas sobre el papel de las Defensorías Públicas con relación a los espacios regionales de producción de política judicial, teniendo en cuenta las potencialidades del diálogo interinstitucional y una interacción innovadora centrada en la mejora de la política judicial y en la construcción de estrategias para el fortalecimiento del acceso a la justicia en América Latina.

De este modo, focalizó el impulso de las representaciones a nivel regional, con el fin de condensar reflexiones originadas en el conjunto de fuerzas provenientes de la Defensoría Pública y otros segmentos del sistema de justicia, con relación a la política judicial latinoamericana, para la promoción de la agenda propositiva para la construcción de una Convención Regional de Acceso a la Justicia que avanzaría en mecanismos funcionales para la efectividad de los derechos, con participación popular.

Se resaltan como logros alcanzados en este seminario:

• El desarrollo de una metodología horizontal con activa participación de representantes de movimientos sociales, de sectores académicos y de agentes del Sistema de Justicia. Se contó con una fructífera discusión en la que representantes de movimientos sociales (indígena, negro, de los trabajadores sin tierra y de mujeres) plantearon sus análisis de coyuntura social y política y expusieron sus visiones sobre el perfil del Sistema de Justicia y sobre los desafíos encontrados en el acceso a la justicia. La disposición horizontal de la metodología implementada, como anotado por Vinícius Alves, significó que “los actores del Sistema de Justicia se desalojan de su lugar de poder, aunque temporalmente, y los movimientos sociales logran un espacio de debate con los académicos y los actores del Sistema de Justicia que no es la Universidad ni el proceso judicial”[4] (2016, p.243).
• El seminario convocó la representación y aportes de sectores académicos y estatales de otros países latinoamericanos: profesor Claudio Nash (Universidad de Chile), profesora Ana Isabel Garita (Universidad de Costa Rica y exministra de justicia de ese país) y actores institucionales de las Defensorías Públicas de Venezuela, de la Nación Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Uruguay y de Paraguay. Participó también Gladys Acosta, abogada peruana, fundadora de la organización Flora Tristán (Perú) y miembro del Comité CEDAW.
• Se trató del primer evento promovido por FJ en el que se contó con la participación del movimiento indígena. Sumado a la participación del movimiento negro, de mujeres y de las y los trabajadores sin tierra, fue posible profundizar en el debate sobre el reconocimiento y la redistribución, complejizándolo con los conceptos de interseccionalidad y de modelo de desarrollo, además de la formulación de propuestas de participación popular en el Sistema de Justicia.
• La construcción y realización del seminario hizo posible la aproximación del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur (BLODEPM) a la agenda de democratización del Sistema de Justicia que el FJ – GT ILA impulsa.
• Se logró la aproximación entre las Defensorías Públicas de Río de Janeiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Perú, con las cuales ya se habían iniciado tratativas —con la intermediación del FJ— para suscribir convenios de cooperación orientados al intercambio académico y al diálogo institucional. Tales convenios, formalizados en 2015, continúan vigentes.
• Se promovió el debate inaugural sobre una Convención Regional de Acceso a la Justicia focalizando los diseños institucionales y los mecanismos funcionales que garanticen la participación popular en el Sistema de Justicia. Se estimuló, así, la construcción de una red entre los participantes para alimentar la discusión sobre la efectividad del Acceso a la Justicia en América Latina.
• Se suscribió la 2ª Carta de Río, documento final del seminario que contiene los consensos y compromisos alcanzados entre los participantes con miras a profundizar la reflexión y acción sobre la funcionalidad democrática del sistema de justicia, la postura crítica frente a los modelos de desarrollo que vienen restringiendo y excluyendo los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la efectividad de los derechos viabilizada por un modelo de justicia integrador y la relevancia del papel de las Defensorías Públicas como instituciones catalizadoras para una política pública de acceso a la justicia, así como la necesidad de construcción de una Convención Regional (Interamericana) de Acceso a la Justicia.

Para saber más sobre las reflexiones construidas en el seminario, consulte el siguiente material: nota resumen y relatoría general.

Seminario “Reforma de la Justicia en Brasil: una década de desafíos y conquistas en una perspectiva latinoamericana” (17, 18 y 19 de noviembre de 2015):

En este seminario, organizado por FJ en asocio con el Grupo de Investigación Derechos Humanos, Poder Judicial y Sociedad (DHPJS) de la Facultad de Derecho de la UERJ, se discutieron los avances y deficiencias del Sistema de Justicia brasileño a partir de las perspectivas de movimientos y organizaciones sociales, sectores académicos y agentes del Estado, con una visión ibero-latinoamericana.

La iniciativa se orientó a partir de las siguientes preguntas:

“10 años después de la Enmienda Constitucional No. 45/2004 y de la Reforma de la Justicia, ¿qué ha cambiado en Brasil? ¿De qué forma los canales de acceso a las insituciones del Poder Judicial fueron ampliados para el ejercicio de la participación popular en el Sistema de Justicia? ¿Qué falta para garantizar que personas —individuos y grupos— en condición de vulnerabilidad también accedan a la justicia con calidad?”     

Gracias al impulso dado previamente a través del GT ILA, el seminario contó con delegaciones de las Defensorías Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Perú, lo que favoreció la mirada regional en los temas debatidos y en las propuestas construídas.

La participación de la delegación peruana fue especialmente valiosa en la mesa redonda sobre “Pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, con reflexiones y datos sobre las experiencias de trabajo de campo con énfasis en los conflictos entre indígenas y colonos.

La delegación porteña, a su turno, enriqueció el debate sobre “derechos humanos y presupuesto” y sobre el acceso a cargos públicos en el Sistema de Justicia, durante el primer día del seminario.

Como resultado del seminario, se suscribió el documento final “Contribución a la Plataforma para la Democratización del Sistema de Justicia con Horizontes Estratégicos Intersectoriales”. Este documento sistematiza las propuestas formuladas por las y los participantes del seminario, para el caso brasileño, concentradas en tres ejes temáticos: (1) Estrategias populares de democratización del sistema de justicia y de nuevos diseños y dinámicas institucionales para el sustento de los derechos humanos y el acceso a la justicia en Brasil, rumbo a un modelo de justicia integrador, bajo una perspectiva latinoamericana; (2) Investigación empírica en el Derecho; (3) Pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

El informativo completo del seminario puede ser consultado aquí. Además, se encuentra disponible el libro de memorias del seminario (en portugués) publicado en 2016.

Vale la pena destacar que, dentro de las actividades preparatorias de este seminario, se realizó la Mesa Redonda y Taller “Vulnerabilidades en dos planos político-jurídicos: nacional e internacional” (4 de noviembre de 2015). El primer momento del encuentro, dedicado al plano nacional, buscó discutir la percepción política y construcción jurídica de la “vulnerabilidad”, a partir de un caso concreto en el cual intervino la Defensoría Pública del Estado de Río Grande del Sur. El segundo momento, dedicado a la discusión sobre el concepto de “vulnerabilidad” en el plano internacional, en una perspectiva político-jurídica, resaltó la postura de la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (OEA) y de la Cumbre Judicial Iberoamericana, enfatizando en el contenido de las 100 Reglas de Brasilia. Surgieron como propuestas de este segundo momento: un “Pacto por la aplicabilidad de las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad” y el impulso de la Campaña por la Convención Regional de Acceso a la Justicia (iniciada en el anterior seminario realizado en mayo de 2015). La relatoría del taller puede consultarse en este enlace.

La propuesta del pacto por la aplicabilidad de las 100 Reglas de Brasilia fue presentada en el Seminario de noviembre de 2015 y buscó acompañar las iniciativas ya existentes en otros países de América Latina (como en Paraguay y Perú), de normativización e efectivización de las 100 Reglas. Para auxiliar esta propuesta, se contó con un concepto elaborado por el profesor Claudio Nash (Chile) sobre la naturaleza jurídica y fuerza vinculante de las 100 Reglas de Brasilia (publicado por FJ aquí).

100 Directrices para un Modelo de Justicia Integrador

De manera paralela a la realización de ambos seminarios, FJ publicó las “100 Directrices para un Modelo de Justicia Integrador – Redistribución, Reconocimiento y Participación Popular: por una política judicial integradora”, como fruto de la reflexión acumulada en los años anteriores en torno a las “100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”. Su sistematización tomó en cuenta las propuestas y consensos plasmados en la “Carta de Río, 2009” y en los “Compromisos de Buenos Aires, 2010”.

Las 100 Directrices (disponibles aquí) nacen como contrapropuesta a la producción vertical de la política judicial y otorga preponderancia a una perspectiva desde abajo para visibilizar las barreras de acceso a la justicia que enfrentan los sectores desfavorecidos y las poblaciones en condición de vulnerabilidad y avanzar en la creación e implementación de mecanismos de democratización que coloquen en el centro a los usuarios del sistema de justicia, como ciudadanos activos y protagonistas de la formulación, ejecución y revisión de la política judicial.

Estas directrices constituyen, pues, un material valioso para la discusión sobre la Reforma a la Justicia en Brasil y en el resto de América Latina. Son un aporte crucial para construir sentido en torno al “modelo de justicia integrador” que el FJ y el GT ILA reivindican como esencial para garantizar la funcionalidad democrática del sistema de justicia.

[1] Participaron en tal discusión: las Cortes Supremas de Justicia de los países iberoamericanos, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA).

[2] El Fórum Justicia surgió, entonces, a partir de la libre iniciativa de un grupo de defensoras y defensores públicos fluminenses, en alianza con la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Brasil (ANADEP) y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos, Poder Judicial y Sociedad (DHPJS) vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

[3] En la que participaron: Adriana Brito (DP-RJ), Ana Rita (DP-RJ), Britta Baumgarten (CIES Lisboa), Danielle Araujo (Periodista), Gladys Acosta Vargas (FJ), Glauce Franco (FJ), Javier Lifschitz (UNIRIO), Rosane M. Reis Lavigne (DP-RJ) y Vitória Pinheiro (FJ – Secretaria).

[4] Se traduce del original en portugués. Cita del texto “Política Judicial Latino-americana em uma perspectiva da Defensoria Pública: passos para um modelo de justiça integrador”, publicado en el libro de memorias del Seminario “Reforma de la Justicia en Brasil: Una década de desafíos y conquistas en una perspectiva latino-americana” (2016), disponible en:  https://forumjustica.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Livro-Anais-do-Seminario-Reforma-da-Justica-no-Brasil-2016.pdf.

Andrea Catalina León Amaya, abogada colombiana (Universidad Externado de Colombia) es magíster en Sociología y Derecho (Universidad Federal Fluminense – UFF), actualmente doctoranda del Programa de Posgrado en Justicia Administrativa de la UFF, en la línea de investigación sobre «Poder Judicial, Justicia y Ciudadanía». Feminista, colaboradora de Fórum Justicia – Grupo de Trabajo Ibero-Latinoamericano (GT ILA). Como parte del colectivo de «Colombianxs por la Paz – RJ», acciona iniciativas de movilización de la diáspora colombiana en el exterior a favor de la resolución política del conflicto armado y de la construcción de paz con justicia social en Colombia. Y como integrante del colectivo de «Mujeres Latinoamericanas» en la ciudad de Río de Janeiro, trabaja por los derechos de las mujeres migrantes. Estudia y trabaja con temáticas relativas a: derechos humanos, justicia de transición, política judicial, acceso a la justicia, género e investigación empírica en el Derecho.