Fórum Justiça

Noviembre 23 de 2016

Como colectivo de Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro, manifestamos nuestra preocupación por la crítica situación de Derechos Humanos y de riesgo de la vida e integridad de líderes y lideresas sociales en Colombia. Rechazamos enérgicamente los hechos ocurridos durante la última semana en contra de algunos integrantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica; así como, la reciente violación del cese al fuego que produjo la muerte de dos miembros de las FARC-EP (un hombre y una mujer) en el sur de Bolívar. De la misma manera, repudiamos el desalojo violento del Campamento por la Paz en Bogotá.

Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro representa una red de colectivos de trabajo y de migrantes colombianas y colombianos independientes, que busca apoyar y acompañar desde el exterior la refrendación e implementación del acuerdo pactado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, y especialmente los esfuerzos de construcción de paz de las organizaciones y movimientos sociales populares en Colombia. Marcha Patriótica hace parte de los colectivos que integran esta red, con el cual nos solidarizamos decididamente durante la actual coyuntura política.

Repudiamos los asesinatos de los dirigentes campesinos Erley Monroy (Caquetá), Didier Losada Barreto (Caquetá), Rodrigo Cabrera (Nariño), John Rodríguez (Cauca) y José Velásquez (Cauca). Asimismo los atentados en contra de Danilo Bolaños (Nariño) y Hugo Cuellar (Meta), y la desaparición del líder estudiantil Hannier Hurtado (Valle) hace ya más de 15 días. Estos hechos hacen parte de un cuadro más amplio de hostilidad y violencia contra militantes de Marcha Patriótica, en el cual: 124 de sus miembros han sido asesinados durante los últimos cuatro años.

Lamentamos y rechazamos la reciente violación del cese al fuego en el sur de Bolívar que ocasionó la muerte de dos guerrilleros, hecho que reitera la urgente necesidad de la refrendación e implementación del acuerdo final.

De la misma manera repudiamos el desalojo violento del Campamento por la Paz ubicado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, así como el desmantelamiento del campamento por la paz en Montería, por amenazas de muerte dirigidas contra su vocera y militante de la Marcha Patriótica, Elena Mercado Rodríguez. Estos campamentos representan manifestaciones pacíficas en apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y merecen protección estatal y solidaridad ciudadana.

El conflicto armado en Colombia ha ocasionado millones de asesinatos de sindicalistas, defensores/as de Derechos Humanos, de mujeres, población LGBTI, y de líderes y lideresas de comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Las amenazas, hostigamientos y el desplazamiento forzado, como parte de las estrategias de esta guerra y como práctica habitual de exterminio de la diferencia y de la oposición, continúan afectando a los sectores sociales y populares más vulnerables.

Es preocupante la sistemática violación del derecho a la participación política de sectores sociales que se oponen al statu quo. El genocidio de la Unión Patriótica constituye hoy un referente histórico importante en este sentido, que no podemos volver a permitir.

La violencia sigue siendo la estrategia fundamental para infundir miedo entre la sociedad e impedir la construcción de un país distinto que ponga en el centro la reparación y satisfacción de los derechos de las víctimas, el respeto a la diversidad y la ampliación de la democracia.  Este conflicto beneficia los intereses de diversos actores, como aquellos que están involucrados en el paramilitarismo, fenómeno que representa hoy la principal amenaza para una paz estable y duradera, con justicia social y garantías de no repetición.

Es precisamente este el momento para que el Gobierno nacional reafirme su voluntad de paz y se comporte a la altura de los acontecimientos, demostrando su capacidad de brindar garantías de seguridad y participación política para todas y todos los colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este sentido exigimos al Gobierno:

–       Acelerar las investigaciones judiciales para esclarecer los hechos, actores y circunstancias en las cuales 124 militantes de Marcha Patriótica han sido asesinados durante los últimos cuatro años.

–       Proteger y fomentar el respeto por los Derechos Humanos de toda la población colombiana.

–       Fomentar la cultura de respeto y valoración de la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales, sin estigmatización ni criminalización de la protesta social.

–       Implementar YA el punto 3 del acuerdo final, el cual contempla la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

–       Tomar las medidas necesarias para desmantelar las estructuras paramilitares que amenazan hoy la implementación del acuerdo final y la construcción de paz.

–       Atender sin más dilaciones el clamor de las víctimas y de los sectores sociales y avanzar a la refrendación del acuerdo final y definitivo logrado con las FARC-EP, por las vías constitucionales disponibles.

El colectivo Colombianxs por la Paz – Rio de Janeiro continuará fortaleciendo redes solidarias que ayuden a rodear y respaldar internacionalmente la refrendación e implementación de los acuerdos, así como la construcción de paz en y desde los territorios.

Las organizaciones, colectivos y movimientos abajo firmantes apoyan este comunicado:

#NosEstánMatando

#QuePareElGenocidio

#GuerraNuncaMás

#QueLaPazNoCuesteUnaVidaMás

#ImplementaciónYa

#PazConJusticiaSocialYa