Derechos humanos en la región: Un recorrido por el 170 Periodo de Sesiones de la CIDH
Derechos humanos en la región: Un recorrido por el 170 Periodo de Sesiones de la CIDH
por Juanita Cuéllar
La CIDH realizó su 170 Período Ordinario de Sesiones en Washington, D.C. Durante los días 5 y 6 de diciembre coincidieron defensores y defensoras de derechos humanos de la región, delegaciones de los Estados y académicos. Las audiencias recogieron preocupaciones en torno a la situación de los derechos humanos tanto a nivel regional como a nivel de país, incluyendo casos de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, México, Honduras, Ecuador y Haití, entre otros. En total, se realizaron 21 audiencias públicas.
La mayoría de las audiencias fueron realizadas a petición de organizaciones de la sociedad civil en la región. Hubo audiencias con temáticas regionales, que trataron temas como la búsqueda de personas desaparecidas en las Américas; el matrimonio igualitario en la región; la militarización de la seguridad pública en los países de las Américas; la pena de muerte; y la caravana de migrantes. Las otras audiencias trataron de situaciones particulares en los países, como la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Brasil; la detención arbitraria y situación de los derechos políticos en Venezuela; la situación de las personas privadas de libertad en Haití; la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana; las denuncias de feminicidio en Ecuador; las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, México; la reelección en Bolivia; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos; los derechos de las mayores en Uruguay; la represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua; la situación de derechos humanos en el Servicio Nacional de Menores de Chile; las denuncias de impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos en Colombia; las medidas cautelares en el caso de Berta Cáceres en Honduras; la independencia judicial en el proceso de elección del Fiscal General en El Salvador; las medidas cautelares y el Mecanismo Especial de Seguimiento (ESE) en el caso de los periodistas del diario El Comercio asesinados (Colombia y Ecuador).
Conozca aquí el resumen de las audiencias públicas.
Búsqueda de personas desaparecidas en las Américas
Esta audiencia regional fue convocada por organizaciones académicas y de la sociedad civil de El Salvador, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Chile, México e Irlanda del Norte. Los representantes de las organizaciones y académicos mencionaron que América Latina ha sido escenario de la desaparición forzada a lo largo de las últimas décadas, tanto en contextos de violencia política como criminal asociada al Estado. Sin embargo, también ha sido pionera en respuestas estatales y no estatales frente a este crimen, a través de las comisiones de la verdad, juicios, creación de equipos de antropología forense, movimientos de familiares y organizaciones de derechos humanos que han aportado soluciones y han sostenido largas luchas. A pesar de lo anterior, persisten desafíos enormes, ya que no se cuenta con una jurisprudencia y una práctica internacional, un manual o un protocolo que oriente sobre búsqueda de personas desaparecidas. Por lo anterior, consideran importante que la CIDH preste atención a las nuevas oficinas o instituciones que se están creando en países como Perú, México, El Salvador y Colombia, para la búsqueda de personas desaparecidas y que se promueva y haga seguimiento a este tema. Solicitaron, también, que la CIDH ayude a fomentar en los Estados la definición de una política pública apropiada a cada país y a sus circunstancias particulares.
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Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Brasil
La audiencia se realizó a petición de un numeroso grupo de organizaciones, y contó con la participación del Estado brasilero. Los representantes de las organizaciones mencionaron que es preocupante la situación de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra, del territorio, y del medio ambiente, principalmente trabajadores rurales, indígenas y comunidades negras. En las ciudades también se percibe la criminalización y procesos de deslegitimación de defensoras y defensores de derechos humanos, afectando especialmente a personas negras provenientes de periferias y favelas, lideresas comunitarias, personas LGBTI, feministas y movimientos que luchan por la vivienda. El atlas de la violencia de 2017 revela que de cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son negras. Por otro lado, hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva sobre el asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes. Además, hay un número preocupante de proyectos de ley que criminalizan las actuaciones de los movimientos sociales y que buscan limitar la libertad de expresión y de cátedra. El discurso de odio y violencia contra minorías y defensoras de derechos humanos se han fortalecido y amplificado, debido al posicionamiento oficial del presidente electo contra todo tipo de activismo. Las organizaciones realizaron las siguientes peticiones a la CIDH: constitución de un observatorio permanente sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Brasil; que el Estado garantice que comunidades negras, indígenas, campesinas y todos los pueblos tradicionales puedan usar y disfrutar de su territorio, con reconocimiento, titulación, delimitación y demarcación; que el Estado adopte medidas investigativas, judiciales, legislativas, administrativas y otras necesarias para combatir las prácticas y discursos de odio; que se solicite al Estado informaciones sobre la política pública de titulación de territorios indígenas y de comunidades negras; que el Estado cumpla su obligación de consulta previa, libre e informada; y que adopte una política pública sobre derechos humanos y empresas efectiva y vinculante.
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Detención arbitraria y situación de los derechos políticos en Venezuela
Esta audiencia se realizó a petición de varias organizaciones de la sociedad civil de Venezuela y contó con la participación del Estado. Se hizo referencia a la compleja emergencia humanitaria que vive este país, que ha creado un entorno adverso para los venezolanos. Se argumenta la criminalización de la protesta y el aumento de la represión, condiciones restrictivas crecientes de violación de derechos que enfrentan activistas sociales, sindicalistas y defensores en Venezuela. De igual forma, se argumenta que se está restringiendo la participación y afectando a los partidos de oposición. Las elecciones de mayo de 2018 no contaron con las condiciones para ser consideradas como una elección libre, justa, confiable, mediante un sistema electoral independiente. Desde 2015 las organizaciones peticionarias han identificado ataques contra el parlamento y violaciones de derechos de los diputados, algunos de los cuales se encuentran fuera del país. Además, desde enero de 2014 ha habido casi 13mil detenciones arbitrarias y 288 presos políticos, que se encuentran en graves condiciones de salud. Las peticiones realizadas a la CIDH fueron: la solicitud de la invalidez de la denuncia de la Carta Interamericana por parte del Estado venezolano; la derogación de la ley contra el odio; el cese de la existencia y aplicación de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) y de mecanismos similares; liberación de presos políticos y el cese de la aplicación de justicia militar a civiles. Instaron al Estado a la celebración de elecciones en condiciones que permitan restablecer el orden constitucional; que se abstenga de llevar a cabo privaciones arbitrarias a la libertad; y que investigue los actos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes, y que enjuicie a sus responsables.
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Situación de las Personas Privadas de Libertad en Haití
Esta audiencia fue realizada a petición de Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) y contó con la participación del Estado haitiano. La sociedad civil presentó la situación de detención en Haití; del total de detenidos, el 75% está a la espera de juicio. Se argumentó que desde enero hasta la fecha, 118 personas privadas de la libertad perdieron la vida estando bajo la jurisdicción del Estado. Desde el 10 de octubre de 2018 el sistema judicial de dos ciudades está bloqueado debido a la huelga de abogados. Recordaron al Estado haitiano que en el 2013 hubo una audiencia similar en la cual el Estado se comprometió a intervenir en los diferentes problemas carcelarios, sin embargo, la situación ha tendido a empeorar. Se solicitó al Estado aumentar el número de audiencias penales al año con el objetivo de reducir la tasa de detención. Se solicitó a la CIDH una visita in loco para exigir por parte del Estado haitiano la atención a la situación carcelaria en el país.
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Situación de pueblos indígenas en la Amazonía peruana, tierras y medio ambiente
La audiencia fue realizada a petición de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), Forest Peoples Programme (FPP), Instituto de Defensa Legal (IDL), y contó con la participación del Estado peruano. En su intervención, los representantes de la sociedad civil manifestaron las violaciones de derechos humanos y amenazas que sufren los líderes y miembros de la comunidad de Santa Clara por la defensa de su territorio, frente a la expansión de monocultivos de palma aceitera y arroz. Desde 2012 han sufrido despojos, y los territorios han sido deforestados para la expansión de cultivos de palma. Los participantes solicitaron que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar la vida de defensores y defensoras de derechos humanos y de sus familias y que reconozca el territorio ancestral. Argumentaron que el Estado peruano carece de mecanismos para demarcar, titular y delimitar los territorios de los pueblos indígenas. Las organizaciones solicitarán en los próximos días Medidas Cautelares para la comunidad nativa. Solicitaron a la CIDH realizar un visita in loco a la comunidad para comprobar lo que está ocurriendo; dirigir una comunicación al Estado peruano expresando su preocupación por los asuntos señalados; y solicitar a las relatorías de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, informar sobre esta situación.
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Matrimonio Igualitario en la Región
La audiencia fue realizada a petición de diversas organizaciones de la región provenientes de Chile, Panamá, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras. En la audiencia se realizó una exposición de casos en la región, algunos donde el matrimonio igualitario tiene mayores avances que en otros. Se mencionó que solo 30% de los Estados han implementado el matrimonio igualitario. Se presentaron casos de Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, en donde se niegan o limitan los derechos al matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. Las organizaciones presentaron una serie de solicitudes regionales, además de las peticiones específicas por país. Dentro de las peticiones generales se encuentra: que se promulgue una declaración sobre la implementación de la OC 24, en donde los Estados parte se comprometan en un plazo de 18 meses a ajustar las figuras ya existentes en sus ordenamientos jurídicos internos para garantizar el matrimonio de parejas del mismo sexo; se emitan medidas provisionales a aquellos Estados que no firmen dicha declaración; y que se emitan medidas cautelares a aquellos Estados que no ajusten sus ordenamientos jurídicos internos.
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Denuncias de Feminicidio en Ecuador
La audiencia fue promovida por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Taller de Comunicación Mujer (TCM) y contó con la participación del Estado ecuatoriano. Las organizaciones de la sociedad civil han realizado un seguimiento exhaustivo sobre los feminicidios en Ecuador, los cuales han dejado en situación de orfandad a niños y niñas. Manifestaron que los datos recopilados por la sociedad civil difieren mucho de los presentados por el gobierno ecuatoriano, lo que evidencia la forma como se trata el feminicidio en este país, reduciéndolo a un asunto de pareja y ex pareja. El presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer ha sido reducido, lo que genera alarmas. Falta, además, información y personal capacitado para atender estas situaciones. Hay deficiencias en la aplicación de tipos penales y violación al debido proceso, así como incumplimiento en las medidas de protección de las víctimas. Se ha identificado también que no existe un esfuerzo serio por parte del Estado de caracterizar y desagregar la información sobre víctimas de feminicidio. Las mujeres que han sido madres a temprana edad son más vulnerables a sufrir feminicidios, tema al que el Estado no le ha prestado suficiente atención. La violencia, además, está siendo minimizada y naturalizada en las audiencias de juzgamiento.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=lfv9CYkfK9I
Desapariciones Forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas México
La audiencia se realizó a petición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y participó de la misma el Estado mexicano. Entre febrero y mayo de 2018 al menos 37 personas fueron desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un estado al norte del país. Las declaraciones y pruebas apuntan a que estas desapariciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Marina de México. Una de las víctimas mencionó que no hay avance en las investigaciones, y se ha criminalizado a las víctimas. Tamaulipas es el estado con mayor número de desapariciones forzadas. Desde el año 2000 hay una crisis de inseguridad y violencia. Una organización de la sociedad civil documentó más de 51 casos de desapariciones forzadas atribuidas a personal de la secretaría de la Marina en el 2018. Este es un ejemplo de la violación a la debida diligencia en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Las denuncias, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, comenzaron en febrero, y la Procuraduría General de la República no tomó las medidas necesarias. En el tema de militarización, recordaron la declaración emitida hace algunas semanas por el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que mencionó la preocupación por el rol otorgado a los militares para tareas de seguridad pública; la creciente militarización de autoridades civiles y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de las desapariciones y la impunidad. Recordaron, también, los estándares interamericanos en relación con que los militares no pueden realizar labores de seguridad pública, y si lo hacen tiene que ser de forma excepcional. Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH que se investigue de manera diligente y se busque de manera efectiva a las personas desaparecidas; que cese la criminalización en la investigación hacia las familias y sus defensores; que se amplíen las medidas cautelares para familiares que están siendo amenazados y criminalizados; que se realice una reunión de alto nivel con las familias; que el Estado mexicano tome medidas estructurales, teniendo en cuenta que este no es un caso aislado; que se fortalezcan las fiscalías, comisiones de búsqueda, la capacitación, que se cree un cuerpo judicial para las desapariciones forzadas y un mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=QJPBAx6oiqI
Reelección en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convención Americana
Esta audiencia fue solicitada por la Fundación Observatorio De Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF), y contó con la participación del Estado boliviano. La audiencia se realizó con el objetivo de recoger información sobre la efectividad, promoción y defensa de los derechos políticos, particularmente el derecho al sufragio activo. Las organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe general sobre la situación de violación de los derechos políticos en Bolivia. En este país, la Constitución prevé un periodo de mandato de cinco años, con posibilidad de reelección por un periodo de manera continua. El MAS impulsó la reforma del artículo 168 para permitir dos reelecciones continuas, modificación que fue sometida a referendo en 2016, en donde el 51,3% votó No. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló, por medio de una sentencia, la posibilidad de reelección. Además, el órgano electoral ha habilitado la candidatura del presidente y vicepresidente. Las organizaciones pidieron que la CIDH solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva por la cual se determine si la reelección indefinida de una autoridad en funciones es compatible con la convención Interamericana; que se solicite al Estado de Bolivia información sobre los hechos violatorios de derechos humanos; que se exhorte al Estado a garantizar el derecho a la reunión y a la protesta pacífica de los ciudadanos bolivianos; que se establezca un mecanismo especial de seguimiento y se realice un informe especial sobre la situación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a raíz de las elecciones que tendrán lugar en 2019; finalmente, se solicita que la CIDH considere aplicar el criterio per saltum para dar trámite oportuno y urgente a las peticiones solicitadas.
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Situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de las personas migrantes en EEUU
Esta audiencia fue realizada a solicitud de la Northwest Detention Center Resistance, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington Estados Unidos. El Estado norteamericano no participó de la audiencia. En su intervención, las organizaciones mencionaron que existía un patrón de criminalización de los defensores de derechos humanos y de los migrantes. Se refirieron a la falta de protección a los defensores de derechos humanos y a la falta de transparencia en los procesos. Desde 2016 la situación ha empeorado. La política del gobierno parece ser el miedo, el silenciamiento de los defensores y de las comunidades y los procesos burocráticos de deportación, lo que ha significado un gasto de tiempo y dinero de los migrantes para responder a estos procesos. Durante la audiencia hubo testimonios de defensoras y defensores de los derechos de los migrantes, quienes han sido víctimas de procesos de deportación suyos o de sus familiares, de persecuciones y violencia. Sus testimonios muestran la forma como las políticas migratorias se han endurecido y el miedo que existe por parte de los migrantes y sus defensores a hablar.
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Derechos Humanos de las Personas Mayores: Convención Interamericana y Mecanismo de Seguimiento
La audiencia fue convocada por el Estado de Uruguay y contó con la participación de la sociedad civil. Este fue el primer país en ratificar la convención interamericana sobre derechos de las personas mayores, la cual hasta la fecha ha sido ratificada por seis Estados miembros –Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile, El Salvador, Bolivia-, lo que convierte a este instrumento en parte de la legislación en dichos países. Este es un instrumento invaluable para lograr los ajustes y transformaciones necesarias en los abordajes, los procedimientos y actividades para garantizar los derechos de esta población y por lo tanto se insta a los Estados miembros a que ratifiquen dicha convención. Aunque Uruguay está avanzando en este tema, es fundamental contar con un sistema interamericano que tenga elementos de vigilancia y realice seguimiento. Para activar el mecanismo de seguimiento, se requiere que 10 países aprueben la convención. La vejez y el envejecimiento han aparecido tarde en el interés internacional. La Convención amplía mecanismos de protección jurídica, reconociendo a las personas mayores como personas de derecho, e impactando en el diseño de las políticas públicas. El Estado uruguayo insta a las organizaciones de la sociedad civil a movilizar e incorporar en sus agendas acciones que reivindiquen, por parte de los Estados, la ratificación e implementación de la Convención. El mecanismo de seguimiento es fundamental para interpretar, reinterpretar y hacer ajustes en la implementación de políticas.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=BTFbX_2tUIk
Militarización de la seguridad pública en los países de las Américas
Esta audiencia se realizó a petición de una coalición de organizaciones sociales provenientes de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Brasil, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. Las organizaciones argumentaron que la militarización a la seguridad es un fenómeno regional que deteriora la vida democrática y genera violaciones extendidas de los derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones, ocupaciones militares de barrios pobres y el control de sus poblaciones o el encarcelamiento masivo en condiciones inhumanas. La militarización en la región se expresa en el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que corresponden a las policías, la militarización de las policías y la reorientación de los sistemas penales y de seguridad. Además, ha habido adquisición de armamento de guerra para usar en operaciones antinarcóticos o contra la delincuencia, el entrenamiento de agentes civiles por parte de militares, el uso de grupos élite en allanamientos o detenciones de los sectores populares y la expansión del sistema de inteligencia y de intercambio de información entre países. La influencia de Estados Unidos ha sido central en la militarización en la región. Las políticas de militarización se justifican en la supuesta necesidad de combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, sin embargo, son medidas que acaban siendo la reacción estatal a conflictos cuyo origen es la desigualdad social, como la pobreza, las migraciones y las protestas sociales. Así, se consolidan medidas autoritarias, que le otorgan de nuevo, a los militares, un papel central.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=dqURO4UprCs
Represión y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
Esta audiencia fue realizada a solicitud de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de este país y de la región centroamericana. El Estado de Nicaragua no participó de la Audiencia. Las organizaciones mencionaron que Nicaragua está enfrentando una dictadura; la crisis que se desató a partir de abril de 2018 es la cúspide de unas actuaciones que venían ocurriendo desde antes, en donde se eliminó la oposición, se persiguieron defensores de derechos humanos y se limitaron los derechos políticos, aboliendo la libertad de crítica. Desde abril de este año se evidencia una represión a las manifestaciones y una represión sistemática a líderes y lideresas. Las organizaciones de derechos humanos han constatado que 325 personas han sido asesinadas, hay más de 603 presos políticos, además de despidos injustificados y desplazamientos forzados a Costa Rica. Las detenciones ilegales se han vuelto una práctica común y no se percibe voluntad política por parte del gobierno para resolver esta situación.
Vea La audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VQjuBj_KWdY
Situación de Derechos Humanos en el Servicio Nacional de Menores de Chile
Esta audiencia se realizó a solicitud de un representante del senado y participó de la misma el Estado de Chile. De acuerdo con los peticionarios, es necesario establecer nuevos estándares para la provisión de servicios y funcionamiento de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de protección. El ingreso a una institución para promover, proteger y restituir derechos, está terminando en negligencias, maltratos y abusos. En una encuesta realizada por el Ministerio del Interior se señaló que el 75% de los niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia o maltrato en su hogar. El Alto Comisionado de Derechos Humanos señaló que el Estado chileno viola una serie de derechos de la Convención de los Derechos del Niño, y calificó esta situación como grave y sistemática. Además, señaló que debe generar una reparación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación. Los peticionarios solicitaron a la CIDH la visita formal y mantener medidas provisionales y acompañamiento al Estado de Chile, recomendando medidas correctivas.
Vea la audiencia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=J5iktHr7Y8A
Medida Cautelar 309/18 – Efraín Segarra, Abril Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes (Ecuador)/ Mecanismo Especial de Seguimiento (ESE)
La audiencia se realizó por petición de la sociedad civil, con participación del Estado ecuatoriano. El objetivo de la audiencia era el de presentar las apreciaciones de los peticionarios sobre las medidas cautelares que dispuso la CIDH a Colombia y Ecuador en el caso de los tres periodistas del diario El Comercio fallecidos en abril de este año. Las víctimas manifestaron la preocupación con las medidas pendientes de implementación. Esta situación debería llevar a implementar mecanismos de prevención para los trabajadores de la comunicación en situaciones de riesgo. Además, hay pendientes varias líneas de investigación sobre la posible responsabilidad de agentes del Estado en dichos crímenes. Los periodistas fueron secuestrados en Ecuador y posteriormente asesinados en Colombia. Las diversas versiones por parte del Estado muestran impunidad frente al crimen. Ha habido silencio frente a lo que ocurrió, versiones encontradas, omisiones y falta de información. La investigación de la fiscalía ha tenido avances que coinciden con las visitas del Equipo de Seguimiento Especial a territorio ecuatoriano. Sin embargo, no ha habido una indagación conjunta de los hechos por parte de los Estados ecuatoriano y colombiano. Las familias han solicitado que la fiscalía amplíe su línea de investigación e indague sobre las posibles participaciones de los agentes estatales en los hechos, que indague en el manejo del secuestro, y que observe las medidas de protección a periodistas.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3ca659qzGC4
Medida Cautelar 309/18 – Efraín Segarra, Abril Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes (Colombia)/ Mecanismo Especial de Seguimiento (ESE)
Esta audiencia fue convocada por la sociedad civil, en donde hubo participación de representantes de las víctimas y familiares de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados el 26 de marzo de 2018 en Ecuador y posteriormente asesinados en territorio colombiano. Participó de la audiencia el Estado colombiano. El objetivo de la audiencia era el de evaluar, recoger información y escuchar los planteamientos como resultado del trabajo del equipo especial de seguimiento, constituido con un plan de trabajo y mandato, a petición del Estado ecuatoriano y de los familiares de las víctimas. El equipo de seguimiento ha estado desarrollando un trabajo que ha permitido identificar las distintas situaciones que en el desarrollo de las investigaciones se han estado realizando. Para los representantes de la sociedad civil, el secuestro y asesinato del equipo de periodistas habría podido evitarse, pues se tenía conocimiento de la situación de seguridad en la zona de frontera. De igual forma, consideran que la investigación no puede limitarse a la responsabilidad del grupo delincuencial, sino que debe extenderse a la posible participación u omisión de funcionarios. Mencionaron que ha habido algunos avances, sin embargo, falta la ampliación de líneas de investigación, posibles omisiones y responsabilidades del Estado colombiano e información sobre operativos militares en el área.
Vea la audiencia completa aquí:
Independencia Judicial y proceso de selección del Fiscal General en El Salvador
Esta audiencia pública fue convocada por organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con el objetivo de poner sobre la mesa el tema de la independencia judicial en el proceso de selección del Fiscal General. Participó de la misma el Estado de El Salvador. Las organizaciones peticionarias argumentaron la importancia que tiene la elección del Fiscal General para la defensa y protección de los derechos humanos y para la lucha contra la corrupción en este país. La designación del Fiscal es hecha por la asamblea legislativa, sin embargo, falta transparencia y debate, no hay criterios objetivos para evaluar a los candidatos, ni mecanismos formales para la participación de la sociedad civil. Uno de los temas señalados se refiere a la importancia de la figura del Fiscal con relación a las víctimas del conflicto armado y para conocer la verdad sobre lo ocurrido. El Salvador es uno de los países con los mayores índices de feminicidio, por lo que los desafíos son enormes para contrarrestar la impunidad, evitar la recriminalización de las mujeres y garantizar el acceso a la justicia. Además, se mencionó que con relación a los casos de abusos policiales, la policía nacional civil, en menos de cinco años, ha ejecutado a 1581 personas, de los cuales en solo dos casos han existido condenas en el sistema judicial. Se solicitó a la Comisión que se exhorte al Estado para que haga públicos los antecedentes de los 32 postulantes al cargo de Fiscal General; que se apruebe de manera inmediata una metodología de evaluación de los candidatos a fiscal y que se haga pública; que sobre la base de la metodología anterior se propongan nuevas entrevistas a los candidatos, garantizando publicidad y transparencia; que se exhorte al Estado a adecuar sus mecanismos de elección de segundo grado a estándares internacionales; y que se haga seguimiento cercano al proceso de selección y se haga una solicitud formal de información sobre el proceso.
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MC-112-16: Berta Cáceres – Honduras
Esta audiencia fue convocada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y tuvo como objetivo recibir información sobre la situación de las medidas cautelares en el caso del asesinato de Berta Cáceres. El gobierno de Honduras participó de la audiencia. Las medidas cautelares fueron otorgadas en marzo de 2016 para prevenir violaciones a la vida e integridad de la familia de Berta Cáceres. Sin embargo, las organizaciones mencionaron deficiencias en la implementación de las medidas de protección, especialmente en lo que se refiere a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del asesinato. Según las organizaciones, el gobierno continúa actuando de manera irregular, ya que la familia y el COPINH no han podido conocer la verdad sobre lo ocurrido. En el proceso ha habido irregularidades, llevando a una situación de revictimización de los familiares. Se ha demostrado que la empresa DESA fue la que planeó y ejecutó el asesinato de la lideresa. Esta empresa realizó y sigue realizando numerosos actos para desarticular al COPINH. El caso de Berta no es un caso aislado, sino que muestra las amenazas y riesgos de los defensores de derechos humanos. Al menos 25 personas participaron en la estructura criminal que ejecutó el crimen de Berta Cáceres, incluyendo funcionarios del poder ejecutivo, la estructura de la empresa DESA, consultores externos y miembros de las fuerzas armadas. El COPINH desde el 2011 ha sido víctima de ataques sostenidos y reiterados. El Estado, además, aumenta los riesgos de los beneficiarios debido a la prohibición de publicidad y secretividad en la investigación y a la expulsión de las víctimas del proceso.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vwYv4fUzaos
Pena de Muerte en las Américas
Esta audiencia, convocada por la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte (WCADP) y The Greater Caribbean for Life (GCL), tuvo como objetivo señalar la importancia de que los países de la OEA ratifiquen los instrumentos para abolir la pena de muerte. Las organizaciones llamaron la atención para las condiciones de vida de las personas condenadas a pena de muerte. Se refirieron también a la situación de Estados Unidos, país sobre el que la OEA ha hecho llamados para que imponga una moratoria en las ejecuciones. En este país, los condenados a pena de muerte son sometidos a encierro solitario, lo que constituye una violación a los derechos humanos. En el caso de Puerto Rico, la pena de muerte es impuesta por Estados Unidos, en contra de legislaciones internas y de los organismos internacionales. El segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte, es el único tratado universal que prohíbe las ejecuciones y que prevé la abolición total de la pena de muerte. Hoy, 89 Estados han ratificado el protocolo. Sin embargo, en el continente americano aún hay 15 países que mantienen la pena capital y se oponen a su abolición.
Vea La audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xKd1fu65W3g
Denuncias de impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos en Colombia
Esta audiencia fue convocada por diversas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos en Colombia, y contó con la participación del Estado de Colombia. Las organizaciones mencionaron que desde el 23 de agosto a la fecha han sido asesinados 64 defensores y defensoras de derechos humanos, y desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, se calculan 360 asesinatos. A esto se le suman otro tipo de agresiones, como las amenazas. Se tienen reparos frente a las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar esta grave situación. Se refirieron también a la falta de esclarecimiento sobre los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con los autores intelectuales de estos crímenes. Ha habido también desplazamientos forzados y violencias sexuales. Se cuestionó, también, las declaraciones de funcionarios públicos que argumentan que no existe sistematicidad en los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6TeBGs2Xkd0
Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes.
Esta audiencia se realizó a petición de un numeroso grupo de organizaciones de la región. Las organizaciones señalaron que la Caravana representa un éxodo en el que las personas huyen de la violencia y pobreza generalizada. El primer grupo salió en octubre, de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, seguido por al menos tres grupos provenientes de Honduras y El Salvador. Ha habido una falta de políticas de atención por parte de los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, tarea ha sido asumida por las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido violaciones a los derechos humanos sistemáticas y generalizadas, que evidencian una política más amplia por parte de los gobiernos de criminalización, contención y detención de flujos migratorios. Se argumentó, también, que la Caravana no es más que el reflejo de la violencia y las violaciones generalizadas que sufren estas poblaciones en sus países. La caravana éxodo sufrió criminalización y militarización de las fronteras, y se ha obstaculizado el tránsito, poniendo en riesgo la vida de las personas. Ha habido detenciones arbitrarias en los albergues y manifestaciones antimigrantes en algunas ciudades.
Vea la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vF4qXuJfUxY